El Ahorro de Energía en Venezuela

El mundo se encuentra en un constante proceso de cambio, en una aceleración del desarrollo tecnológico cuya vorágine pareciera indetenible, desplazando las fronteras del saber cada vez más y más lejos. Todo esto es posible gracias al suministro prácticamente constante de energía, en sus diferentes formas, siendo la electricidad la más palpable por la humanidad. La gran limitación de este esquema de desarrollo es que las fuentes energéticas que empleamos son finitas y altamente contaminantes, trayendo como consecuencia que existan dos crisis totalmente independientes pero entrelazadas entre sí: la económica (futuro agotamiento de las fuentes) y la ambiental (cambio climático).

Estas crisis son potenciadas por el hecho que la humanidad, en su continua búsqueda por mejorar su calidad de vida, ha automatizado procesos cotidianos que han conllevado a un incremento en el consumo energético per cápita mundial, lo que sumado al crecimiento poblacional desproporcionado nos guía, con prisa y sin pausa, hacia un precipicio. A pesar de esto, existen acciones que se pueden acometer para reducir el consumo de electricidad, asociadas algunas con el ahorro de energía y otras con la eficiencia energética. Contrario al consenso popular, estas dos expresiones no suponen lo mismo, siendo la eficiencia la obtención de un producto o servicio, sin menoscabo alguno de su calidad, consumiendo la menor cantidad de insumos posibles, mientras que el ahorro implica recortes que pueden afectar la calidad, producción, etc. En otras palabras, siendo eficiente ahorras energía, pero ahorrando energía puedes no llegar a ser eficiente.

Energía en Venezuela

Venezuela es uno de las potencias mundiales en lo que a fuentes energéticas se refiere, comparable con países como Noruega, tanto en términos fósiles (gas natural, petróleo) como renovables (hidráulica, eólica), con la salvedad que, por nuestra posición en el trópico el potencial en energía solar es varios órdenes de magnitud mayor que el país nórdico. Es importante destacar que el negocio de la generación de electricidad es intensivo en capital y sólo se puede facturar por la cantidad de energía suministrada al usuario final, lo que implica que dependiendo del precio de venta del kWh (kilovatio hora) esas inversiones se recuperarán en un mayor o menor lapso.

El precio de venta al usuario final en Venezuela varía de acuerdo a la entidad federal donde es facturado el servicio, siendo éste en promedio bastante bajo ($0,01/kWh), sumado al hecho que a una gran porción de la población se le regala el suministro, siendo la cuantía de electricidad no facturada cerca del 30% de la energía total producida (CAVEINEL 2007). Esto, no refleja el grado de esfuerzo e inversión que se requieren para el mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

En lo que respecta al sector al que va dirigida la energía eléctrica facturada en el país, 30% la consumen las industrias básicas de Guayana, 11% el resto del sector industrial del país (41% en total), 16% el comercial, 27% el residencial y 16% el denominado “otros” (CAVEINEL 2007), demostrando que el alto consumo per cápita proviene primordialmente del uso intensivo de la electricidad en las industrias básicas; sin embargo, hay que destacar el elevado porcentaje que el sector residencial tiene de incidencia en el consumo eléctrico del país, muy por encima del comercial.

Con base en estas estadísticas y otras de previa data, el Estado evaluó el nivel de inversiones qué debía realizar a nivel de generación para poder estar a la par de la demanda. En esta proyección, elaborada en el 2003, se iba a entrar en un punto crítico a partir del año 2015 en donde harían falta 6.300 megavatios (MW) en requerimientos adicionales. Lamentablemente, se subestimó la curva de demanda y ésta subió de forma vertiginosa, lo que conjugado a los retrasos en las inversiones estipuladas más el fenómeno del Niño, que disminuyó el potencial hidroeléctrico, conllevó en el 2009 a la crisis eléctrica nacional, año que marcó un hito dando inicio a un número de resoluciones que el Estado impuso a los diferentes tipos de usuarios, tanto públicos como privados.

Resoluciones que rigen al Sector Eléctrico Nacional

Las diferentes resoluciones y leyes subsecuentes al decreto 6992 publicado en la Gaceta Oficial 39.298 de fecha 03/11/2009 se enfocaron principalmente en las medidas necesarias para la reducción del consumo. A continuación se mencionarán las principales directrices:

• Reducción de 20% en el consumo en los entes públicos (decreto 6692, 2009).
• Parque industrial de la nación, CVG, PDVSA y otras debían presentar programa de reducción de consumo (decreto 6692, 2009).
• Regulaciones en iluminación, transporte, aire acondicionado, refrigeración, etc. (Res. #3, G.O. 39.298, 2009)
• Usuarios con demanda superior a 2 MW debían elaborar y aplicar plan de uso racional y eficiente de la energía eléctrica para sus instalaciones (Ley Orgánica Servicio y Sist. Eléctrico-LOSSE, 2010).
• Usuarios con una demanda superior a 200 kilovoltio amperio (kVA) debían tener un factor de potencia mayor a 0,9 (Res. #75, G.O. 39.694, 2011).
• Usuarios con consumos entre 200 kVA y 1 megavoltio amperio (MVA), y por encima de 1 MVA debían acometer acciones para reducir 10% de su consumo con respecto a la facturación de 2009. Los exentos de esta medida debían entregar un plan de ahorro al MPPEE (Res. #76, G.O. 39.694, 2011).
• Usuarios con demandas mayores a 100 kVA debían operar sistemas de autogeneración en el horario de mayor demanda del sistema eléctrico (Res. #77, G.O. 39.694, 2011).
• Todos los usuarios con demandas superiores a 2 MW, exentos de la Resolución 76 y empresas del Estado deberán registrarse en un portal creado por CORPOELEC para definir su Plan de Uso Racional y Eficiente de Energía (Plan UREE) en donde se especifiquen las acciones concretas a realizarse por el tipo de carga encontrada en cada NIC (Res. #14, G.O. 40.166, 2013).

En lo anteriormente mostrado se puede apreciar que las acciones a ser consideradas para disminuir el consumo, con respecto al 2009, iban primordialmente de la mano de inversiones directas en infraestructura, por ejemplo, banco de condensadores, plantas de generación, y algunas medidas conductuales como apagar las luminarias en horarios diurnos. Con la llegada de la Gaceta Oficial 40.166, se automatiza lo estipulado en las resoluciones 76 y LOSSE, requiriéndose un nivel de detalle en la información suministrada por la empresa que las medidas de ahorro propuestas no son obvias, y, por consiguiente, se debe invertir en estudios de ingeniería de avanzada (auditorías energéticas profundas) que permitan evaluar la factibilidad de las acciones de inversión, y/o conductuales necesarias para cumplir con la meta esperada en el plan. De esta manera la empresa disminuiría la propensión a ser multada, o que el monto de la inversión nunca se recupere.

Actualmente en el portal de CORPOELEC sólo se pueden registrar aquellas empresas que entran en los parámetros de la norma; no obstante, en la experiencia que se ha podido recabar del sector industrial, muchos usuarios con consumos menores a los establecidos en la Resolución 14 se han visto en la coyuntura de desarrollar planes de ahorro de energía con el mismo nivel de detalle que exige el portal, por lo que se podría esperar que en un mediano plazo se expanda el universo de empresas que deban reportar sus diferentes planes en línea.

En conclusión, a diferencia del motivador mundial para la inversión en eficiencia energética, que es el ahorro en la facturación, en Venezuela el impulso viene dado por la regulación estatal y cómo cumplirla para estar a salvo de las multas. Esto, por su naturaleza, debe enfocarse de una forma muy precavida ya que las opciones restantes para reducir el consumo no son obvias, y se requiere de una auditoría a profundidad para determinar y contabilizar los potenciales de ahorro más importantes. Así mismo, es fundamental que antes de la implementación de las soluciones se evalúe su factibilidad técnico-económica, bien sea para garantizar su sostenibilidad, o que ésta no sea un pozo sin fondo de dinero invertido al que nunca se le vea el retorno. El no determinar la factibilidad puede significar caer en cuantiosas multas, aún cuando se hayan realizado las inversiones correspondientes.